Tras años de olvido, la restauración a gran escala de las tierras degradadas está obteniendo un apoyo importante de los gobiernos e incluso de inversionistas privados. Los beneficios potenciales – como mayor captura de carbono, menos deforestación, mayor productividad agrícola y mejores medios de vida rurales – son grandes. Sin embargo, también lo son las dificultades. ¿Podemos estar seguros de que las tecnologías disponibles hoy día restaurarán las tierras exitosamente? ¿Cómo podemos saber si los beneficios serán distribuidos equitativamente, cumpliendo las expectativas de los gobiernos y los inversionistas financieros comprometidos, y satisfaciendo al mismo tiempo las aspiraciones de la población rural?
To reduce Latin America’s carbon footprint, restore degraded land http://t.co/mojG5IkDI9 @WorldResources #COP20 pic.twitter.com/bcVYt0hjaB — RRI (@RightsResources) December 9, 2014
Para ayudar a encontrar respuestas para estas preguntas, el CIAT se unió a varias organizaciones socias este año para apoyar un nuevo esfuerzo a nivel de países llamado Iniciativa 20×20. La iniciativa, que busca poner 20 millones de hectáreas de tierras degradadas en América Latina y el Caribe (ALC) rumbo a la restauración hacia 2020, apoya el Reto de Bonn, que busca restaurar 150 millones de hectáreas de tierras a nivel mundial para el año 2020.
La Iniciativa 20×20 fue lanzada con amplio cubrimiento de los medios en el Foro Global sobre Paisajes (GLF 2014), realizado el pasado mes de diciembre en Lima, Perú, paralelo a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. En el lanzamiento, organizado por Walter Vergara del Instituto de Recursos Mundiales (WRI), estuvieron presentes ministros de agricultura y de ambiente de media docena de países que ya han hecho compromisos para restaurar extensas áreas – 8,5 millones de hectáreas en México, por ejemplo, y un millón en Colombia.
WRI great initiative project 20 by 20 intends to restore 20 million ha of degraded land in Latin America & Caribbean in restoration by 2020 — Green Belt Movement (@GreenBeltMovmnt) December 10, 2014
Al evento también asistieron representantes de cinco fondos privados de inversión, con planes de canalizar hasta US$365 millones de nueva financiación hacia los esfuerzos de restauración de tierras de la región. La iniciativa es apoyada por el WRI, CIAT, el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). A comienzos de 2015, estas organizaciones actuaron ágilmente para definir los próximos pasos (por ejemplo, a través de reuniones de planeación realizadas en Colombia) e implementar las bases técnicas de la Iniciativa.
“El CIAT tiene el compromiso de apoyar la Iniciativa 20×20, dado que la restauración de tierras a gran escala es crítica para lograr alcanzar el potencial de esta región como despensa mundial de alimentos y proveedora de servicios ambientales, como la biodiversidad y la mitigación del cambio climático”, comentó Ruben Echeverría, director general del CIAT”.
Para explorar los desafíos de la restauración de tierras a gran escala desde diversas perspectivas, el CIAT y el Programa de Investigación de CGIAR sobre Agua, Tierras y Ecosistemas (WLE) organizaron conjuntamente un foro de discusión para GLF 2014 titulado “Creando las condiciones para el éxito”, inmediatamente después del lanzamiento de la iniciativa 20×20. Gran parte de la discusión se centró en el valor del conocimiento para generar confianza entre los distintos grupos que tienen parte en la restauración de paisajes.
“Para los inversionistas privados”, dijo Leslie Durschinger, fundador y director administrativo de Terra Global Capital, “debemos generar suficientes conocimientos para demostrar que invertir en la restauración de las tierras es comercialmente viable”.
A pesar de la controversia en torno a la inversión privada en la restauración de tierras, se reconoce cada vez más que, sin ella, las soluciones sostenibles para la degradación de tierras seguirán siendo esquivas, en especial dado el enorme alcance del problema. En ALC, casi 200 millones de hectáreas de tierra ya están degradadas, según estimados del WRI y la UICN. Los cambios continuos en el uso de la tierra dan cuenta de cerca de dos terceras partes de las emisiones de gases de efecto invernadero de la región, además de causar la pérdida de biodiversidad y capacidad productiva.
“Los paisajes degradados en la región son sumamente diversos, al abarcar tierra agrícola y pasturas, así como bosques con diferentes grados de presión”, señala Elcio Guimarães, director regional para ALC del CIAT. “Como consecuencia, cada esfuerzo nacional para restaurar estos paisajes requiere una combinación única de componentes políticos, financieros y científicos para asegurar el éxito”.
“La ciencia puede ayudar a impulsar las probabilidades de que las inversiones logren sus objetivos”, dijo Deborah Bossio, directora del Área de Investigación en Suelos del CIAT. Con este fin, científicos del Centro aplican nuevas herramientas de modelación y enfoques participativos para evaluar opciones de inversión y determinar cuáles tienen mayor posibilidad de aumentar la productividad agrícola, elevar los medios de vida rurales y restaurar servicios ambientales.
El renovado interés en la restauración de paisajes es evidente en África también, y por esta razón el foro de CIAT-WLE incluyó representantes de los ministerios de ambiente de Etiopía y Malawi. Ellos hicieron eco a las inquietudes de otros participantes acerca de brechas percibidas en la confianza, en particular entre los programas dirigidos por gobiernos y ONG y las comunidades rurales.
“Necesitamos forjar confianza incorporando la experticia científica, pero también los saberes autóctonos en la restauración de tierras”, aseguró Aloysius Kamperewera, director de asuntos ambientales del Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Ambiente de Malawi. “Forjar confianza y seguridad”, explicó Bossio, “se trata de transparencia y rendición de cuentas. Los esfuerzos de restauración de tierras a gran escala deben tener mecanismos inherentes de rendición de cuentas que posean evidencia científica”.